pleno del congreso


-El Pleno también decidirá el jueves sobre la convalidación o derogación del real decreto-ley de medidas económicas para la recuperación.

-Además, el martes, el Congreso debatirá la toma en consideración de las proposiciones de ley sobre gratuidad del primer ciclo de educación infantil y sobre la garantía del derecho de acceso a la vivienda digna.

El Pleno del Congreso se reúne esta semana para decidir, entre otros asuntos, sobre las enmiendas del Senado presentadas al Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital, que quedará listo para su publicación en el BOE y entrada en vigor. El Pleno también debatirá el dictamen de la Comisión de Educación relativo al Proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional que, por su carácter orgánico, requiere de una votación en Pleno antes de ser remitido al Senado, donde continuará su tramitación.

El Pleno comenzará el martes, 14 de diciembre, a las 15:00 horas con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Andalucía, relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de la educación infantil. Esta iniciativa, que será defendida ante el Pleno por una delegación del parlamento andaluz, propone la modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación para que en el artículo 15, sobre la oferta de plazas y gratuidad de la educación infantil, se establezca que el Gobierno «deberá contribuir a la financiación de la extensión del primer ciclo de educación infantil, de manera que avance hacia una oferta pública y sostenida con fondos públicos suficiente y asequible, con equidad y calidad, y que garantice su carácter educativo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado».

De igual forma, el texto de la comunidad autónoma determina que las «administraciones educativas garantizarán la universalidad del primer y segundo ciclo de educación infantil impulsando la gratuidad de manera progresiva a fin de atender las demandas de las familias» y que los «centros educativos podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el segundo o ambos, si bien el primer ciclo sólo podrá ofrecerse en centros exclusivos de educación infantil». Por último, mediante una disposición adicional, la iniciativa añade que el «Estado transferirá a las comunidades autónomas el crédito suficiente para garantizar la gratuidad del servicio de atención socioeducativa, incluido el comedor escolar, de los niños y niñas matriculados en el primer ciclo de la educación infantil, tanto en centros públicos como en privados».

A continuación, el Pleno decidirá si inicia la tramitación de la Proposición de Ley  de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada, impulsada por los grupos parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural (Compromís, Junts per Catalunya, BNG y Más País), Euskal Herria Bildu y Mixto. Esta iniciativa, en su exposición de motivos, declara que «se desarrolla en cumplimiento de compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos, así como del propio mandato constitucional, para eliminar las trabas que impiden a cientos de miles de ciudadanos el acceso a una vivienda adecuada y digna».

Para ello, a través de nueve títulos, esta proposición de ley introduce medidas para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión y plantea que la ocupación de vivienda vacía de entidades financieras no se aborde por procedimiento penal, cuando ya existe la vía civil. En relación a los préstamos hipotecarios, regula la dación en pago y modifica el procedimiento de ejecución hipotecaria, en lo relativo al control de cláusulas abusivas. 

De igual forma, plantea la regulación del arrendamiento de vivienda, con la posibilidad de actuar sobre áreas urbanas declaradas como de mercado de vivienda tensionado, y se regulan los alquileres sociales y turísticos. Asimismo, se prohíbe la venta del parque de vivienda pública y se marca un objetivo de solidaridad urbana para que en 2050 el 20 % de las viviendas cumpla políticas sociales. 

Además, en el plan estatal de rehabilitación de vivienda se remarcan los objetivos de eficiencia energética y atención a las realidades de población con bajos ingresos. Por último, se amplía el derecho a la vivienda a los suministros de agua potable y a energía para la cocina, la calefacción y la luz, se facilita la participación ciudadana en políticas de urbanismo y se establece un régimen sancionador.  

Iniciativas no legislativas

La sesión del martes concluirá con los debates de las proposiciones no de ley y las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Así, en primer lugar el Pleno verá la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa al impulso de un grupo de estudios sobre la implantación de un euro digital como moneda pública digital. Esta iniciativa insta al Gobierno «a impulsar en colaboración con el Banco de España la creación de un Grupo de Estudios para evaluar la posible implantación de un euro digital como moneda pública digital (CBDC) que permita ofrecer una mayor estabilidad financiera tanto a la economía española como al conjunto de la eurozona, y recupere el carácter del dinero como bien público y bajo control democrático».

A continuación, el Congreso debatirá la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre adecuación de la normativa de contratación pública a la situación económica actual. El grupo proponente solicita al Gobierno «una modificación legislativa de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, con el fin de flexibilizar las condiciones previstas para la modificación de los contratos públicos de obra «en precio y en plazo», así como para ampliar las situaciones de excepcionalidad en las que es posible la revisión de precios, conforme a un entorno de presión extraordinaria de los costes, producto de un momento coyuntural extraordinario».

La sesión del martes finalizará con el debate de tres mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, se verá la del diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, formación integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, «sobre las previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación con la implantación de nuevos sistemas de pago o tarificación por el uso de vías rápidas de alta capacidad, así como la eliminación y bonificación de peajes con especial referencia al eje radial Asturias Madrid que incluye la AP 6 (Villalba Adanero) y la AP 66 (Autopista del Huerna)». En segundo lugar, se debatirá la moción del Grupo Parlamentario Popular, «sobre la política del Gobierno en materia de transporte de mercancías por carretera». Por último, el Pleno verá la moción del Grupo Parlamentario Vox, «sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional».

Sesión de control al Gobierno 

La jornada del miércoles, 15 de diciembre, comenzará a las 09:00 horas con la Sesión de Control al Ejecutivo. Los grupos parlamentarios formularán las preguntas a los miembros del Gobierno, de acuerdo con la distribución establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno. 

En esta ocasión, las preguntas estarán dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. 

La jornada finalizará con tres interpelaciones urgentes. En primer lugar, el Pleno escuchará la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox, «sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger el sector turístico español». A continuación, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) expondrá su interpelación «sobre la inexistencia de corredores humanitarios que permitan salvaguardar los derechos fundamentales de las personas migrantes en tránsito en el interior de las fronteras de la Unión Europea». Por último, el Grupo Parlamentario Popular defenderá su interpelación «para que el Gobierno explique la arbitrariedad en la asignación de algunas partidas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como el retraso en la ejecución real de esos fondos europeos».

Formación Profesional 

La sesión plenaria del jueves, 16 de diciembre, comenzará a las 9:00 horas con el debate del dictamen de la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre el Proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional. Este texto, que fue aprobado en comisión el pasado 1 de diciembre, por su carácter orgánico, requiere de mayoría absoluta en una votación final de conjunto en el Pleno del Congreso antes de ser remitido al Senado. La iniciativa del Gobierno establece un nuevo sistema de grados de formación profesional (A, B, C, D y E), que contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E).

El texto dispone que toda la formación profesional tendrá carácter dual: se realizará entre el centro de formación y la empresa, en dos intensidades, en función de las características del período de formación en el centro de trabajo. Existirán dos modalidades de formación profesional: general, con una duración de formación en la empresa de entre el 25 % y el 35 % y una participación de la empresa de hasta un 20 % en los resultados de aprendizaje del currículo; e intensiva, con formación en la empresa a partir del 35 % de la duración total y una colaboración de la empresa con el centro de formación de más del 30 % respecto del currículo.

Apoyo a empresas, medidas energéticas y protección al Mar Menor

Acto seguido, el Congreso debatirá sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. El texto, que será defendido ante el Pleno por un miembro del Gobierno, extiende algunas de las medidas de apoyo para la recuperación económica tras la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 a través de cuatro ámbitos de actuación: en primer lugar, apoyo a empresas, mediante la extensión del plazo para las ayudas a la liquidez y la solvencia, la exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución empresarial y el establecimiento de un marco durante 2022 para las inversiones extranjeras directas. 

En segundo lugar, medidas en materia energética, con las que se amplía la cobertura para los suministros esenciales de gas natural que no dispongan de contrato de suministro, se garantiza el cobro por parte de las comercializadoras de último recurso de gas natural y se fomentan las infraestructuras de acceso público de recarga rápida de vehículos eléctricos, mediante la prohibición de las cláusulas de exclusividad en los contratos de suministro de estaciones de servicio.

En tercer lugar, mediante el texto del Ejecutivo se instrumenta la declaración de interés general de determinadas obras necesarias para la protección y recuperación ambiental del Mar Menor y se introducen medidas de «distinta índole, orientadas a atajar la crítica situación que atraviesa la laguna». Por último, el real decreto-ley también introduce medidas para evitar que los trabajadores de la minería se vean perjudicados por las labores de cierre y restauración de las minas de carbón.

Ingreso mínimo vital 

La jornada del jueves concluirá con el debate de las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital. Esta iniciativa, procedente de un real decreto-ley cuya tramitación se ha acordado por el procedimiento de urgencia, fue remitida al Senado por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado 19 de noviembre. La Cámara Alta ha incorporado enmiendas al texto, que ahora regresa al Congreso para que decida si acepta las modificaciones del Senado o si regresa a la redacción anterior de la Cámara Baja. Tras este último debate, el proyecto de ley quedará listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su posterior entrada en vigor el 1 de enero de 2022. 

Este proyecto de ley configura el ingreso mínimo vital (IMV) como el derecho a una prestación económica que garantiza «un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica» para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social.  Del mismo modo, el texto regula la figura del titular de la prestación así como las causas de suspensión y extinción del derecho, las incompatibilidades y el reintegro de las prestaciones indebidas. Esta ayuda será compatible con las prestaciones autonómicas en concepto de rentas mínimas.

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