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España aprobó el martes una prórroga de un año, hasta finales de 2022, de las restricciones a las adquisiciones de empresas españolas consideradas estratégicas por parte de empresas extranjeras.

Como parte de las medidas para proteger a las empresas españolas ante la pandemia de coronavirus, Madrid impuso un proceso de autorización para la adquisición por parte de una empresa extranjera de participaciones superiores al 10% en empresas consideradas estratégicas, como ocurrió en el caso de la opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy (MC:).

La decisión se conoce después de que el fondo KKR (NYSE:) ofreciera el domingo comprar la italiana Telecom Italia (MI:) por 10.800 millones de euros (12.160 millones de dólares) en la que sería la mayor adquisición compra de capital riesgo en Europa, un anuncio que disparó el lunes las acciones de los valores de telecomunicaciones de la región.

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Telefónica (MC:) cerró la sesión del lunes con un repunte del 6,4%, el mayor en un año, si bien el martes cedía buena parte del avance ante la toma de beneficios y con la perspectiva de que el Gobierno español restrinja la posibilidad de una eventual operación.

“Se trata de dar seguridad jurídica y seguir apoyando a las empresas para que puedan avanzar en la recuperación económica”, dijo la portavoz del Gobierno Teresa Rodríguez en una conferencia de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

La prórroga se aplica a las empresas cotizadas y no cotizadas si una inversión potencial supera los 500 millones de euros (562 millones de dólares), dijo el Ministerio de Economía de España en un comunicado.

El Gobierno ha utilizado la medida para retrasar un intento de adquisición parcial a principios de este año de la empresa eléctrica Naturgy por parte del fondo de inversión australiano IFM.

Esta prórroga sugiere que Madrid no respaldaría una potencial oferta por Telefónica, considerada un valor estratégico para la economía española, según dijo Caixabank (MC:) BPI (LS:) en una nota de análisis a clientes.

La ampliación de la restricción, que también se aplica a las ofertas procedentes de empresas con sede en la UE, forma parte de una serie de medidas más amplias anunciadas el martes.

Entre ellas se incluye la ampliación hasta junio de un programa de unos 100.000 millones de euros en préstamos avalados por el Estado y 40.000 millones de euros en inversiones para ayudar a las empresas y los hogares españoles a superar la crisis.

Las medidas se producen tras la decisión de la UE de prorrogar las ayudas estatales temporales hasta junio de 2022 y las medidas de apoyo a la inversión hasta finales de 2022.

Entre otras que se prorrogan en España está la ampliación de la moratoria sobre los procedimientos de quiebra forzosa de empresas.