Concesiones políticas

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, descarta incluir en los futuros Presupuestos de 2022 concesiones políticas “que nada tienen que ver con las cuentas públicas” pese a la “tentación” de algunos partidos de mezclar las negociaciones.

“No es de extrañar que en esas conversaciones algunos tengan la tentación de incorporar otras materias”, admite la ministra en una entrevista con EFE al ser preguntada por la posibilidad de que ERC quiera incluir en la negociación presupuestaria alguna de sus reivindicaciones de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat.

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Sin embargo, considera que “en la política hay tiempo para todo: para debatir Presupuestos y para debatir financiación autonómica” y, por ello, afronta la negociación con la máxima de “que no se incorporen elementos al Presupuesto que nada tienen que ver con las cuentas públicas”.

Tras la aprobación del techo de gasto para 2022 la pasada semana y ya con apoyos suficientes en el Congreso para mantener suspendidas las reglas fiscales, la ministra trabaja en la “arquitectura” del proyecto presupuestario de 2022, que prevé presentar en septiembre, tal y como marca el calendario.

A partir de ahí, “si todo va bien”, a final de año habrá unas cuentas públicas aprobadas con las que el Ejecutivo pretende recuperar el crecimiento previo a la pandemia y fortalecer los servicios públicos.

En esta negociación presupuestaria -que ya ha comenzado con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y continuará con una ronda de contactos previa a la presentación del proyecto para garantizar que supera la fase de vetos- la ministra aspira a ampliar los apoyos logrados en las cuentas de 2021, con 11 partidos y 188 votos.

“Nuestra vocación tiene que ser que cuantos más, mejor”, subraya, al tiempo que muestra su deseo de que “los grupos de la derecha, básicamente el PP, dejen a un lado los intereses partidistas” y, “al menos”, permitan con su abstención la tramitación de la ley.

FISCALIDAD DEL DIÉSEL

A falta de esos primeros contactos políticos, Montero elude desvelar el contenido del proyecto Presupuestario que, por el momento, no incluye ninguna recomendación del comité de expertos para la reforma fiscal.

Sí admite que “hoy por hoy” no está prevista una subida de la fiscalidad del diésel, incluida en el proyecto presupuestario de 2021 pero eliminada durante la tramitación.

“Lo incorporaríamos en caso de que hubiera consenso”, explica, y recuerda que el pasado año no se lograron apoyos para este primer paso en la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina, por lo que no cree “que la situación haya variado mucho”.

No aclara si habrá bajadas de IVA -“es fundamental no solo saber qué hacer, sino cómo, cuándo”- ni si las cuentas incluirán una subida del salario mínimo interprofesional (SMI), pero avanza que los últimos datos económicos conocidos suponen “un buen signo” para la posible subida de otoño, que está ahora más cerca que “el año pasado o a principios de este año”.

Quedan también pendientes de negociación las posibles subidas de pensiones y del sueldo de los funcionarios, aunque es “vocación” del Gobierno que estos colectivos “no pierdan poder adquisitivo”.

Con respecto al posible mantenimiento del IVA reducido de la electricidad (10 %) más allá del 31 de diciembre, Montero asegura que es “prematuro” y advierte de que “la solución para el futuro no puede venir” de la vía fiscal, sino de “cambios estructurales” en el sistema eléctrico.

IMPUESTO DE SOCIEDADES GLOBAL

Con respecto al acuerdo en la OCDE para una tributación global de las multinacionales, Montero ve “imprescindible” un debate a nivel europeo que se plasme en una directiva que garantice una fiscalidad homogénea que evite deslocalizaciones.

De hecho, Montero se muestra dispuesta a retirar el impuesto sobre determinados servicios digitales si así se acuerda, siempre que el impuesto de sociedades “adquiera un reflejo de toda la economía digital” que ahora queda sin gravar.

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