impuestos a los bancos y a las eléctricas

El Gobierno ha propuesto gravar temporalmente con un tipo del 4,8% en su margen de intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Así se recoge en la proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos han registrado este jueves en el Congreso.

Así, dan inicio a la tramitación parlamentaria de los nuevos impuestos, temporales extraordinarios, para las grandes entidades financieras y las grandes empresas energéticas, tanto eléctricas como gasistas y petroleras. El objetivo es «repartir de manera equitativa y justa las cargas, costes y sacrificios de la crisis», tal y como ha afirmado el Gobierno.

Para evitar que las empresas trasladen estos impuestos al precio final de los ciudadanos, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traspase al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.

Según el Gobierno, en un escenario de elevada inflación, mientras que muchas empresas y hogares están sufriendo importantes daños económicos, hay otras entidades que están teniendo beneficios extraordinarios. Con esta medida, “lo que hace el Gobierno es que estas aporten parte de estos beneficios a la solidaridad común”, ha señalado Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.

Desde Unidas Podemos han recordado que habían propuesto que también se incluyera esta práctica dentro del código penal. «Si vemos que no funciona, vamos a seguir insistiendo en esa mano dura», ha indicado Pablo Echenique, portavoz del partido en el Congreso.

Recaudación total de 7.000 millones de euros

El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y pretenderá recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023, con un total de recaudación de 4.000 millones. En el caso del impuesto dirigido a las grandes entidades financieras, busca reunir 1.500 millones de euros cada año, en total 3.000 millones.

Como excepciones, no lo pagarán las entidades energéticas con beneficios por debajo de los 1.000 millones ni las energéticas cuyo negocio energético no sea el principal y, por tanto, no alcance el 50% de la facturación.

Tampoco tendrán que abonarlo las financieras con una cifra de negocio inferior a 800 millones de euros. ElGobierno no contabilizará los resultados ni la facturación de las filiales de las empresas en el exterior, y ha establecido que el gasto en este impuesto no es deducible a efectos del impuesto de Sociedades.

«En el sector de las entidades de crédito es relevan conocer el peso que el gravamen supone respecto de sus principales magnitudes. Así, el impacto anual estimado del gravamen apenas representa un 0,06% del valor de los activos de las grandes entidades de crédito españolas», sostienen PSOE y Unidas Podemos en la proposición.

La obligación del pago del gravamen nace el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024 y la referencia, con referencia a los dos ejercicios anteriores (2022 y 2023). El pago de los tributos está previsto que se efectúe en dos fases: el 50% en febrero, y el restante en septiembre.

El Ejecutivo ha destacado que este impuesto va dirigido a grandes entidades de la banca y energía, tomando como referencia las cifras de 2019, antes de la pandemia, «evitando con ello las distorsiones que podrían producirse si se considerasen los años posteriores».

Reunión del Gobierno con los sectores afectados y tramitación después del verano

El Gobierno tiene previsto reunirse este viernes con los sectores afectados por estos tributos «temporales» para trasladarles los detalles de los mismos, aunque gran parte de las grandes compañías energéticas y entidades financieras ya han manifestado su rechazo a los nuevos impuestos. Además, PSOE y Unidas Podemos tienen por delante la tramitación en el Congreso de los Diputados tras el verano de esta proposición de ley, que será susceptible de enmiendas por parte de los diferentes grupos.

Entretanto, ya ha habido reacciones de entidades de los sectores afectados, que ven este impuesto como algo «injusto».

RepsolIberdrola Endesa han asegurado no recibir esos «ingresos caídos del cielo» que el Gobierno pretende recortar con este nuevo impuesto. Este jueves, varias grandes energéticas han presentado resultados, entre las que se encuentra Repsol, que en primer semestre del año ha duplicado sus beneficios netos en comparación con el mismo periodo de 2021.

El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, ha puesto en duda la legalidad de este gravamen y ha asegurado que el marco legal protegerá a las compañías de cualquier medida arbitraria, en referencia a este impuesto, y que Repsol hará lo necesario para evitar cualquier impacto en su negocio.

Desde el sector bancario, alegan que su negocio ya está regulado y recuerdan que el Ejecutivo ya tomó medidas para contener los precios de la electricidad. También se ha mostrado en contra la banca, que asegura que sus buenos resultados se deben a una mejora en el margen de intereses por la subida de tipos.

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha afirmado que «hay una imposición extraordinariamente alta sobre el conjunto del sector, y añadir algo más no me parece lo más oportuno». Bankinter también calificó de injusto este gravamen la semana pasada y no descartan llevarlo a los tribunales.

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