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El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, el primero tras el paréntesis de vacaciones, el proyecto de ley con las primeras medidas para reformar el sistema público de pensiones, entre las que está el volver a vincular su revalorización con el IPC.

“A partir de hoy ningún pensionista se tendrá que preocupar por su pensión, que siempre se revalorizará“, ha asegurado este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que ha añadido que se recupera así el consenso político y social y da “tranquilidad de los pensionistas de hoy y mañana”. “Es una razón de justicia tras una década de incertidumbre”, ha defendido.

La nueva norma, que llega una vez que el anteproyecto ha superado todos los trámites, suprime algunos de los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Ahora el proyecto será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2022.

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El anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones ha estado sometido a audiencia e información pública hasta el pasado 16 de julio y ha recibido distintos informes técnicos, así como el dictamen del Consejo Económico y Social (CES).

Principales medidas incluidas

Con esta reforma, se vuelve a vincular la revalorización de las pensiones a la inflación del año anterior, con lo que se elimina la limitación de la subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit como se fijó en 2013. Así, ha detallado que las pensiones subirán según la inflación del año anterior y, en caso de un IPC negativo, la cuantía de estas prestaciones “se mantendrán”, ha asegurado Rodríguez.

También se suprime el denominado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

El Gobierno aprueba el proyecto de ley para reformar las pensiones

Además, el proyecto de reforma introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de “acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal”, según ha explicado la ministra portavoz del Ejecutivo, y limita el acceso a la jubilación forzosa en los convenios colectivos.

Este primer paquete de medidas incluye asimismo el compromiso de acordar en el diálogo social un nuevo mecanismo de ajuste durante los próximos meses que empezaría a aplicarse en 2027. Para ello, el Gobierno y los agentes sociales se han dado de plazo para negociarlo hasta el 15 de noviembre.  

En caso de no alcanzarse un acuerdo en el marco del diálogo social, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de la entrada en vigor de la reforma.

Cumplimiento del Pacto de Toledo y avalado por el diálogo social

Rodríguez ha recordado que con este proyecto de ley se da “cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo que se aprobaron en el Parlamento” y se cumple con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia comprometido con Bruselas. Además, es fruto del acuerdo del Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme.

De hecho, el acuerdo social con las primeras medidas para reformar el sistema de pensiones vio la luz el pasado 28 de junio y se rubricó en La Moncloa el 1 de julio por los líderes de los sindicatos y la CEOE y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Estas medidas ya fueron aprobadas como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio.

Por todo ello, la portavoz del Gobierno ha confiado en que esta ley entre en vigor “antes de fin de año”, ya que se basa en unas recomendaciones que fueron redactadas por “la mayoría de los grupos políticos, salvo dos”.

Además, ha añadido, que el proyecto de reforma “viene avalado y respaldado por el diálogo social”, por lo que ha señalado que debería “ser tenido en cuenta por todos los grupos en el Congreso”, quienes tienen asimismo la posibilidad de mejorar la norma en su tramitación parlamentaria.

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