proyecto de Presupuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2022, la ley más importante del año y cuya tramitación debería finalizar antes de diciembre para que puedan entrar en vigor el 1 de enero.

Antes de entregar el proyecto de Ley a Batet, la ministra ha comparecido ante los medios gráficos en el Patio de Floridablanca, mostrando el tradicional “libro amarillo” -que contiene los ejes fundamentales de las cuentas públicas-. Primero lo ha hecho sola y luego junto a las secretarias de Estado de Presupuestos, María José Gualda; de Hacienda, Inés Bardón, y de Función Pública, Lidia Sánchez, así como la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque.

Minutos después, a las 12,30 horas, se ha celebrado el acto de entrega formal y Batet ha recibido las cuentas del próximo año en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio en formato digital -en memoria USB y en una tableta- acompañada de algunos miembros de la Mesa de la Cámara y de la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.

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La ministra y Batet han charlado en tono informal y aunque durante acto no ha habido declaraciones se ha podido escuchar a Montero la frase de que estos presupuestos “no serán los últimos”.

La Mesa del Congreso se ha reunido después para admitir a trámite este proyecto de Ley, que la ministra de Hacienda con todo su equipo presenta ante los medios de comunicación en rueda de prensa, que se inicia a las 13,00 horas.

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto presupuestario de 2022 el pasado 7 de octubre en sesión extraordinaria, unas cuentas con un techo de gasto e ingresos récord volcadas en afianzar la recuperación económica e implementar los proyectos asociados a los fondos europeos.

Las cuentas públicas además están centradas en los jóvenes y contemplan un bono cultural de 400 euros para quienes cumplan 18 años y un bono para alquiler de 250 euros para jóvenes de bajos ingresos.

El Ejecutivo confía en contar con una amplia mayoría para poder aprobar los presupuestos antes de finales de año.

Los reglamentos parlamentarios prevén que la tramitación de las cuentas del Estado tenga preferencia sobre cualquier otra iniciativa, lo que convierte el debate presupuestario en el centro de la actividad del otoño parlamentario.

El procedimiento legislativo es similar al ordinario, pero con notas propias ya que el Congreso pone límites a la presentación de enmiendas, fija una ronda de comparecencias de altos cargos de la administración del Estado, lleva a cabo el debate y aprobación por secciones y exige que sean aprobados por el Pleno y no en comisión.

Pensiones, paro, funcionarios e intereses de la deuda suponen la mitad del gasto de los PGE

Las pensiones, las prestaciones por desempleo, los gastos de personal y el pago de los intereses de la deuda suponen el 52,96% del gasto total contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, según consta en el proyecto remitido este miércoles por el Ministerio de Hacienda al Congreso de los Diputados.

Estas cuatro partidas suman un total de 243.074 millones de euros, lo que equivale al 52,96% de los 458.970 millones de euros de gastos presupuestados.

El gasto para pensiones aumenta un 75% desde 2008

El mayor gasto del presupuesto será el de las pensiones, que concentrarán 171.165 millones de euros, un 4,8% más respecto al avance de liquidación del presente ejercicio, así como un 37,29% del gasto total. El gasto en esta partida se ha visto incrementado en un 74,64% desde 2008, cuando ascendía a 98.011 millones de euros.

Los PGE para 2022 incorporan incrementos para las pensiones contributivas y para las pensiones mínimas y no contributivas, que beneficiarán a un total de 10 millones de pensionistas. Para las primeras, se espera una subida por encima del 2%, tras la revalorización con el IPC, mientras que las mínimas y no contributivas se alzarán un 3%, de acuerdo con el proyecto de Presupuestos.

Por su parte, la partida de desempleo cuenta con una asignación de 22.457 millones de euros, un 10,2% menos, ante “la mejora del empleo y la reducción del paro”, según explicó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras la aprobación de las cuentas públicas en un Consejo de Ministros extraordinario. Esto supone el 4,89% del gasto total.

En cuanto a la deuda pública, la partida vinculada a su coste asciende a 30.223 millones, un 4,7% menos, debido a la esperada reducción de la deuda (hasta el 115% del PIB) y del déficit (5% del PIB) para 2022. El coste de la deuda tiene un peso del 6,58% sobre el gasto total. Pese a la contención, la cifra es casi el doble de la que suponían los intereses de la deuda en 2008 (15.265 millones), cuando la deuda pública no representaba más del 34,3% del PIB y ahora supera el 120% de la riqueza nacional.

Más del 50% de los PGE van para gasto social

Por distribución de grandes áreas de gasto, el 54,1% de los Presupuestos corresponde a gasto social, el 29,1% a actuaciones de carácter general, el 11,4% a actuaciones de carácter económico y el 5,3% a servicios públicos básicos.

De entre las partidas destinadas al área de gasto social, se destaca el refuerzo de la protección de los más vulnerables para lo que se dotará con 4.436 millones de euros la partida destinada al pago del Ingreso Mínimo Vital y a las prestaciones familiares. Además, se incrementan en 48 millones las dotaciones para el Bono Social Térmico, hasta alcanzar los 157 millones de euros. Se trata de un aumento del 43,77% interanual y tendrá 1,27 millones de hogares beneficiarios.