rescate a Plus Ultra

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha desbloqueado la entrega de los 34 millones de euros que Plus Ultra tenía aún pendientes de recibir en concepto del rescate público acordado por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

En un auto, el juez en funciones de sustitución Jaime Serret, atiende las alegaciones de la compañía y el escrito de la Fiscalía de Madrid, también partidaria de levantar el bloqueo al no apreciar delito y para evitar una situación de falta de liquidez a clientes y acreedores.

De esta forma, revoca el auto dictado por la titular del juzgado el pasado 22 de julio, por el que suspendió el rescate a la aerolínea a la espera de las alegaciones de la Fiscalía y de la justificación del mismo por parte de la empresa. El magistrado recupera los argumentos del Ministerio Público, y reconoce que “es cierto” que, por el momento, “no hay el más mínimo indicio” de los hechos que denuncian tanto el PP como Vox, personados en la causa como acusación popular.

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“Riesgo de insolvencia definitiva”

La juez ha estimado que la suspensión de la entrega del préstamo participativo de 34 millones de euros “puede suponer el riesgo de insolvencia definitiva de Plus Ultra, obligándola a dejar de operar y creando un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado”.

En el marco de su resolución, la instructora ha precisado que la medida cautelar adoptada no estaba dirigida al “embargo de una cantidad para asegurar una responsabilidad civil o el decomiso de una cantidad ilícita”. Así, ha explicado que se trataba de una “suspensión temporal” para “evitar la consumación definitiva de un posible delito de malversación o fraude de subvenciones mientras se comprueba la existencia de estos posibles delitos”.

La magistrada ha asegurado que, aunque “todavía no se ha producido ningún perjuicio a la administración”, en la causa se investiga la “hipótesis de haber estregado estos préstamos a una empresa en crisis sin ninguna posibilidad” de devolver los importes adquiridos.

Por ahora no hay indicios

Según consta en la resolución, “por ahora y a la espera de la pericial judicial”, la instructora considera que “no hay indicios objetivos” del delito de fraude en la obtención de ayudas públicas, “salvo las alegaciones de las acusaciones populares”.

También ha asegurado que “por ahora no aparece delito de cohecho alguno ante la absoluta falta de referencia a la dávida o contraprestación por el presunto otorgamiento fraudulento de la ayuda”, ni delito de tráfico de influencias, “pues tampoco hay referencia alguna a ninguna situación objetiva de prevalimiento, por razones de amistad, parentesco, jerarquía a la que debe sumarse un acto de influencia”.

En este sentido, la juez ha subrayado que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) aprobó la ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra “tras el filtro de los informes de un asesor financiero exterior y un asesor legal externo”, quienes “comprobaron” el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa para otorgar ayudas a la solvencia de “empresas estratégicas”.

Fiscalía y abogacía coinciden

La aerolínea alegó en su recurso que no había “situación de riesgo” que justificara la suspensión de la entrega del préstamo dado que en el contrato figuran “mecanismos de control en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para intervenir la gestión de la compañía y asegurar el reintegro” del dinero. El argumento de Plus Ultra fue respaldado por la Fiscalía en el escrito de 30 de julio presentado ante el juzgado.

La Abogacía del Estado, por su parte, aseguró que había “ausencia de indicios de criminalidad” y que no había “situación de peligro para el patrimonio público”, por lo que consideraba que la medida adoptada por el juzgado no tenía “encaje legal” al “no haber perjuicio económico causado (conforme ha expuesto la IGAE) no hay responsabilidad pecuniaria alguna que embargar o afianzar como responsabilidad civil”, según recoge el auto de la magistrada.

Las acusaciones populares ejercidas por el PP y Vox se mostraron en contra del recurso interpuesto por la aerolínea. En la resolución de este lunes, la juez ha remarcado que “respecto a algunas calificaciones provisionales” aportadas por ambos partidos “no hay el más mínimo indicio” y que se ha limitado a “transcribir artículos del Código Penal y su jurisprudencia sin engarzarlo con los hechos denunciados”.

“Una batalla política”

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Fernando García Mano, ha señalado que la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid “es un paso fundamental” para demostrar “la manipulación, las falsedades y los ataques” que está sufriendo la compañía.

García Manso ha añadido que, hasta la irrupción de la pandemia, Plus Ultra era “la aerolínea de bandera española que más estaba creciendo en el mercado, con un 47% de incremento de la facturación” y la que “más cuota de mercado estaba ganando en las rutas a Latinoamérica”.

Según el presidente de la aerolínea “ello demuestra el potencial y la calidad de servicio” y ha solicitado que se “deje de utilizar” a la compañía “en una batalla política con la que no tiene nada que ver, y que está generando daños muy graves e injustos para la reputación de la compañía, de sus empleados y de algunos de sus miembros y/o accionistas”.